El flamante anuncio corresponde a Ana Lya Uriarte, ministro del Medio Ambiente, como parte de las definiciones presupuestarias para el próximo 2008. Informó que el Gobierno decidió adquirir el "
Centro Nacional del Medio Ambiente (Cenma), hoy bajo el alero de la Universidad de Chile, para convertirlo en un laboratorio de referencia nacional básico para las funciones de los futuros ministerio y superintendencia ambientales". Esto, con un costo de 1.500 millones de pesos.
La duda significativa es para qué el Ministerio quiere un laboratorio de alta calidad. O sea, me parece lógico que proclame como parte de sus políticas la fiscalización y que se haga con la mejor calidad. Pero aún esto no justifica adquirir laboratorios.
La fiscalización consiste en fundamentalmente en apersonarse en las instalaciones o áreas de interés, para relizar las mediciones. Luego, las muestras pueden ser analizadas en cualquiera de los laboratorios certificados. Entonces, ¿para qué tener un laboratorio propio?
La señal me parece mala. De plano, un despilfarro de dineros que pudieran servir a la mantención de plantas profesional, aunque sean a contrata, que agilicen las evaluaciones de impacto ambiental, considerando a su vez profesionales con competencias específicas para los proyectos evaluados.
Además, ¿por qué el Gobierno decide comprar una instalación que es del Estado? En el mismo artículo se señala que el centro "
opera como una consultora que debe ofrecer venta de servicios para apoyar su financiamiento institucional". Vale la pena preguntarse si teniendo los mecanismos y las certificaciones no sería más económico mantener la política de subcontratación de los análisis. A primera vista no aparece como una decisión eficiente y considerando que son dineros de todos los chilenos, me parece que esto no se ha evaluado en su medida.
Y por último, si ya hay laboratorios con las certificaciones, ¿es que acaso no son suficientes garantías? La sombra que se extiende a las capacidades instaladas no es menor. La excusa que en casos publicitados (Celco-Mataquito, Enap-Talcahuano) se requirieron análisis, no da ningún argumento sólido para la adquisición de laboratorios propios. Incluso, si se da cuenta de un problema de intereses de los laboratorios locales, quienes rutinariamente brindan asistencia a las empresas, podrían enviarse las muestras al extranjero; podrían enviarse "blancos" que permitan discenir si hay adulteraciones de las muestras o fallas en la medición; o la simple distribución de las mismas en diferentes laboratorios locales, anula la posibilidad de fraude. Por el contrario, en casos como el Enap-Talcahuano, con un Ministerio, Superintendencia y Empresa (Enap) del Estado, el hecho de que los laboratorios sean estatales es una menor garantía de transparencia.
Sería interesante escuchar de la ministro cuál es la prioridad. Si se trata de hacer inversiones redundantes, reducir la transparencia, restar recursos de las urgencias que tiene Conama o sembrar dudas acerca de la certificación de los laboratorios, vamos en la línea correcta. Si no, es bueno replantearse la iniciativa, antes de la aprobación de fondos.
La nota de El Mercurio que da origen a este artículo.
